Para entender realmente qué está en juego con la aprobación de la llamada
Ley Sinde (Ley de Economía Sostenible) debemos saber quiénes son los principales actores y cuales son los principales intereses que los mueven, así que os invito a que me acompañéis durante este breve recorrido narrativo personal que seguramente esclarecerá muchas de vuestras dudas e inquietudes.
La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, tiene una larga experiencia como guionista y directora de varias producciones cinematrográficas y para televisión. Durante varios años fue la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Por lo tanto, es fácil deducir las relaciones de la la Ministra de Cultura con la industria del cine español, uno de los principales
lobbys que están presionando para la consecución y aprobación de la Ley de Economía Sostenible que incluye el punto referente a la
censura de la red. Una industria del cine que, por cierto, tiene como una de sus principales fuentes de financiación las ayudas del estado, un dinero proveniente de las arcas públicas, es decir, que pagamos todos los españoles. Sólo añadir que la Audiencia Nacional admitió en Enero un recurso interpuesto contra la supuesta imparcialidad de la Ministra de Cultura
[1] amparándose en una ley para la regulación de conflictos de intereses entre miembros del gobierno y altos cargos de la administración pública.
El Grupo PRISA es un conglomerado empresarial
[2] que posee medios de comunicación como el diario El País, el Grupo Sogecable, es accionista de diversas cadenas de televisión, la cadena de radio SER, así como diferentes distribuidoras de CD’s y DVD’s o gestoras de derechos intelectuales de artitas… por sólo citar una mínima parte de los negocios de su emporio. No hace falta decir el poder de convicción y la fuerza de masas que una organización así es capaz de arrastrar. Además, hay una organización empresarial con inversiones en prácticamente los mismos ámbitos que PRISA, este es el Grupo Planeta
[3], que posee medios como el diario La Razón, la cadena de televisión Antena 3… entre otros muchos. Prácticamente la única diferencia entre ambos grupos es su orientación política, mientras unos son del centro-izquierda, otros lo son del centro-derecha. Lo que sí tienen en común es que ambos están dispuestos a resguardar sus intereses económicos con uñas y dientes sin tener en cuenta los costes sociales que esto pueda conllevar.
Más o menos, todos tenemos una ligera idea sobre que es la SGAE. Si bien en sus inicios esta sociedad velaba exclusivamente por los derechos del autor, en 1995 se refunda esta sociedad y pasa a representar los intereses no sólo de los autores, si no también de editores. A simple vista, puede parecer un cambio poco significativo, sin embargo, lo cierto es que la naturaleza de esta organización se transformó radicalmente, pues ya no sólo defendía los intereses de la cultura y de los autores, sino que también pasó a defender los intereses económicos de grandes distribuidoras, productoras o editoras. Con lo cual la sociedad comenzó a tener un peso específico mucho mayor y el suficiente poder como para poder presionar al gobierno a que aprobara leyes
[4] que cobran un impuesto presuponiendo el acto delictivo en el consumidor. Y yo me pregunto, ¿en un país democrático no debería aplicarse la presunción de inocencia? Creo que todos sabemos qué es y lo que supone el famoso “canon”. Pero el problema es que la cosa no queda ahí, como veremos más adelante.
Una vez hechas las presentaciones podemos ir entrando en materia. Pues bien, hace un par de semanas se celebró en Barcelona lo que la Ministra de Cultura denominó el Foro Europeo de Industrias Culturales, donde todo el lobby de presión aglutinado en torno a ella invitó a políticos de otros países y diversas personalidades para convercerles de la acuciante necesidad de crear una política común conjunta para controlar la piratería en internet en pos de la legítima lucha por la “defensa de la cultura”, en lo que más bien podría calificarse como la lucha por la defensa de sus carteras, y no precisamente las ministeriales. Paralelamente, el todopoderoso Grupo PRISA y el Grupo Planeta, junto con otras plataformas, a través de los medios de comunicación que estas sociedades controlan, están emprendiendo una “sutilísima” campaña en la que “muy parcialmente” intentan dilapidar las prácticas internautas actuales de manera muy perspicaz, haciendo parecer que la cosa no va con ellos. Casi diariamente publican noticias
[5] donde tratan de forma peyorativa a usuarios y uploaders, hasta el punto de criminalizarlos; intentando convencer a su público, que no es poco, de que es necesario regular las descargas de internet. Incluso publican predicciones totalmente apocalípticas avisando de que si esto continúa así, grandes marcas como Sony Picuture
[6] podrían vetar el mercado español, cosa que la marca ha desmentido rotundamente
[7]. Es decir, toda una larga serie de manipulaciones y engaños, tomando a la opinión pública por estúpida cuanto menos, como si fuera un rebaño de cabras que ellos mesiánicamente dirigen. La ONG llamada
Freedom House pública anualmente un ranking
[8] en el que sitúa categóricamente la veracidad de los medios de comunicación por países; ranking en el que España ocupa un lugar vergonzoso. Teniendo en cuenta que el Grupo PRISA y el Grupo Planeta son los principales grupos empresariales orientados hacia los medios de comunicación en España, su credibilidad no queda muy bien parada. Así que no hace falta decir más.
Tenemos que ser conscientes de que TODOS LOS USUARIOS DE INTERNET que luchamos por una red LIBRE Y EXENTA DE CENSURA en nuestro país, nos enfrentamos a un fuerte grupo de presión con enorme poder de convicción, político, económico… Nos enfrentamos a toda una corporatocracia que no esta dispuesta a aceptar la realidad. Y la realidad es que el mercado se ha transformado en los últimos años, ya no sirven los derechos de autor elaborados hace más de medio siglo
[9] porque cuando se crearon no existía internet. Lo único que quieren es controlar la red para no tener que invertir una gran suma de dinero en modificar su aparato productivo. No están dispuestos a escuchar otras voces ni aceptar las cosas tal y como están. Tan simple como esto. Y nosotros nos preguntamos, ¿esto es democracia? La verdad es que un país donde un pequeño grupo de personas con un gran poder económico son capaces de imponer leyes que van contra los derechos y libertades del individuo es todo menos una democracia. Sí señor@s, no está en juego el mero cierre de una página web como esta (
que se ha demostrado una y otra vez que son legales, tal como la última sentencia de esta semana
[10]), sino el futuro de la democracia y de la libertad. Las preguntas que debemos hacernos son ¿es éste el país que queremos?, ¿vamos a consentir que esto ocurra?
Via:
Seriesyonkis
